GOBERNADOR RIVAS PIDE MISIÓN ESPECIAL DE LA ONU FRENTE A RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA
La máxima autoridad regional envió una carta dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a través de la representante del organismo multilateral en Chile, María José Torres. Rivas abogó por revisar las vulneraciones de niñas, niños y adolescentes que quedan sin educación por la quema de sus escuelas y colegios, y la situación de personas y trabajadores atacados en sus trabajos y lugares públicos.
El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, le entregó en sus manos a María José Torres, representante en Chile de la ONU, una carta dirigida a su secretario general, Antonio Guterres, en la que le solicita enviar con urgencia una “misión especial” a La Araucanía para que “verifique en terreno la situación de las víctimas del terrorismo”, según detalla la misiva.
“¿Por qué queremos que una misión especial verifique lo que ocurre en La Araucanía? para que vean con sus propios ojos el sufrimiento, el dolor y la violencia que viven personas inocentes, trabajadores, agricultores, mapuches y no mapuches y, en especial, la vulneración de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, cuando se queman escuelas en nuestro territorio”, explicó ayer el gobernador Rivas.
En la carta el gobernador describe la histórica situación de violencia que aqueja a la Región de La Araucanía. “Desde hace 25 años el sur de Chile ha sido testigo, protagonista y víctima de lo que inicialmente se identificó como ‘violencia rural’, hoy devenido en actos terroristas”, expresa el documento.
Y se detalla además que: “han ocurrido desde entonces más de 3.500 hechos de violencia, han sido asesinadas más de 50 personas y cientos de ciudadanos de La Araucanía, Biobío y otras regiones de Chile, han sido desplazados de sus hogares mediante la violencia y amenaza de estos grupos terroristas, otras cientos han sufrido lesiones físicas irreparables”.
Rivas describe que pese a las medidas tomadas por el gobierno, sobre todo el actual, que resolvió mantener un Estado de Emergencia “acotado” en la Macrozona Sur, con facultades limitadas a militares en el apoyo a las policías, en la mayoría de los casos “ha pecado por omisión” y no ha “garantizado la protección, resguardo y garantía de los derechos humanos” de los habitantes de la región.
La misiva concluye que “a nivel internacional el mundo ignora nuestro dolor, se desconoce la enorme cantidad de atentados, se desconoce la enorme cantidad de personas comunes que han sido violentadas y el grave daño a la democracia que ocurre en el sur de Chile”.
“La ONU, organización que hoy le corresponde dirigir a usted, nunca se ha pronunciado contra la violencia terrorista en el sur de Chile ni en favor de reparar a las miles de víctimas de estos últimos 25 años”, cierra la carta.